El presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche (FNPCL), Álvaro González Muñoz, denunció que los ganaderos han constatado que el Precio de garantía de 8.20 por litro de leche, como lo autorizó el Presidente López Obrador, no se ha generalizado” en el país, debido al ingreso de importaciones de polvo de leche sin crema o suero baratos.
Advirtió que una limitante importante para el despegue del sector y alcanzar la autosuficiencia lechera, “es el abuso de la industria que paga precios de quiebra” y comercializa productos que se parecen a los auténticos.Álvaro González expuso —en un comunicado— que en 2018 a los productores los despojaron de poco más de 40 mil millones de pesos derivado de la sistemática disminución al precio del litro de la leche, monto similar al costo de las importaciones para ese mismo año.
Dicho claramente con lo que nos transan a los lecheros se importa el equivalente al 60 % de la producción nacional”.
Hizo hincapié en que los países con excedentes en lácteos hacen trampa, porque capacitan a empresarios para que aprendan a utilizar sus “saldos” y convertirlos en polvo –producto de segunda o tercera calidad—, luego de extraer los nutrientes a la leche natural, como crema, que utilizan para la fabricación de alimentos para diferentes consumidores.
En este contexto, el representante de más de 150 mil productores del sector social, expresó su preocupación por la aprobación en el Senado de los acuerdos comerciales internacionales, en particular del T-MEC con EU y Canadá y el TPP con 10 países más de la región Asia Pacífico, que afectarán la actividad lechera nacional.
Por ello, solicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su intervención para precisar y aclarar el contenido del ambos acuerdos comerciales y de preferencia excluir de esos tratados al producto leche y sus derivados, para bien de la economía de los productores y de los consumidores nacionales.
Recordó que las negociaciones con esos países fueron encabezadas por dirigentes y empresarios privados –muchos de ellos integrantes del Consejo Nacional Agropecuario—y funcionarios del gobierno anterior, quienes sólo cuidaron y defendieron sus intereses y “para nada los intereses del sector social”
