Producción, distribución y comercio de mariguana está en manos del crimen organizado, por lo que su legalización requiere control de Estado para pacificar al país y respetar los derechos de quienes participen en este proceso, señalaron legisladores y funcionarios agrarios.
El titular de la Procuraduría Agrario, Luis Hernández Palacios, señaló que los espacios productivos del campo para el cultivo de la mariguana en el país, han sido ocupados por bandas del crimen organizado y hoy son quienes organizan y dirigen su producción, distribución y comercialización.
Al participar, junto con legisladores, en el evento virtual “Diálogos agrarios por el territorio”, el funcionario indicó que desde esta perspectiva las oportunidades que genera la legalización abrirán un cauce para la recuperación del control territorial.
Expuso que los impactos negativos sobre los campesinos y en los núcleos agrarios de este contexto han sido el despojo, desplazamiento forzado y la subordinación por la fuerza a aceptar el desarrollo de cultivos u obligarlos a rentar sus tierras.
Todo ello, aseguró, ha contribuido a destruir el tejido social, a limitar la gobernanza, a generar pobreza y abandono del campo. También ha significado el sufrir penas privativas de la libertad para los campesinos que, forzados por la situación, han sido descubiertos y consignados por ese motivo.
En el foro organizado la Procuraduría Agraria, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, afirmó que la propuesta de Ley para regular el cannabis establece las condiciones para beneficiar al campo mexicano, sin asedio del crimen organizado, con el control de Estado para pacificar al país, generar ingresos y respetar los derechos de quienes utilizan la planta.
Al participar en el encuentro destacó que durante casi cien años que ha estado prohibida la mariguana, los campesinos han sido el sector más débil, más castigado, por que siembran la planta por necesidad o la delincuencia organizada los obliga a cultivarla.
Con las condiciones que se establecen en la Ley para regular el cannabis, insistió, se da prioridad al campo mexicano. “De manera mal intencionada se ha señalado que le da preferencia a la importación extranjera, que no se va a respetarla producción nacional, pero eso es totalmente falso”, acotó.
Menchaca Salazar hizo hincapié en que “los campesinos, sobre todo, donde han sido perseguidos, van a tener una enorme fuente de ingreso legal, que generará impuestos en un mercado de miles de millones de dólares. Con el control, supervisión y fiscalización del Estado se podrá beneficiara los productores”, añadió.
Julio Menchaca reconoció que “hay un sector que no le gusta la idea”, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión que legisle en la materia y, para ello, tienen hasta diciembre de este año.
Puntualizó que se tienen dos opciones: eliminar los artículos de la Ley General de Salud que el máximo tribunal declaró inconstitucionales o expedir una nueva Ley que respete el derecho humano de las personas a tomar sus decisiones.
La intención de la propuesta de Ley, acotó, es poner las reglas del juego para el uso lúdico, el medicinal, industrial y de investigación, a fin de que todo esté en orden. Recordó que se realizaron foros, conferencias, reuniones donde participaron académicos, especialistas y todos los interesados, que en comisiones ya se aprobó en lo general un dictamen que recoge más de 13 iniciativas de legisladores.
La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath advirtió que si no existe regulación de la mariguana su producción seguirá operando de manera ilegal y generando un gran número de problemas en el país.
“Debemos regularizar la cannabis para lograr la paz, porque ya no queremos esa ‘guerra’ que marcó nuestras vidas y dejó a miles de familias en el desamparo”, afirmó.
El senador Arturo Bours Griffith explicó que la rastreabilidad es la capacidad de identificar todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta su producción, que sirve para identificar productos que representen inseguridad para el uso de los consumidores.
Dijo que esta herramienta permitirá llevar un mejor control de la inocuidad de la producción, así como regular el tipo de producto que se puede utilizar, que no dañe la salud de las personas que requieren cannabis para uso clínico, cosmético e, incluso, para quienes la utilicen de manera lúdica.
Fuente: Senado
