Impugnación de diputados a Ley de Minería favorece interés privado y viola derechos de pueblos y comunidades

Organizaciones de pueblos y comunidades indígenas y representantes de la sociedad civil repudiaron la impugnación a la nueva Ley Minera, realizada por legisladores del PAN, PRI y PRD.

En un comunicado, los integrantes de los colectivos Cambiémosla ya y Alianza por la Libre Determinación y Autonomía, que impulsaron la ley, exponen que
con dicha impugnación se afecta los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, como la consulta y el consentimiento previo e informado, garantizados en el marco convencional de derechos humanos y de la Constitución Mexicana.

Advirtieron que con el recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe la posibilidad de regresar a la Ley Minera de 1992 y dar marcha atrás a los avances incorporados en este marco legal. Por ello, llamaron al Poder Judicial a ponderar los derechos incorporados en esta ley y permitir que se conviertan en realidad en el país y a velar por que se garanticen sus derechos, particularmente los de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afromexicanos.

Declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Minería para volver a la Ley Minera de 1992, “implica contrariar los derechos de los pueblos que la nueva ley reconoce y permitir la devastación de la naturaleza para satisfacer los intereses voraces de la industria minera, la más riesgosa para las y los defensores de derechos y del medio ambiente”.

Recordaron que el pasado 7 de junio, los diputados de dichas fracciones parlamentarias presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería aprobada el pasado mes de abril y con ello, “favorecen los intereses de las empresas mineras, que durante 31 años han contado con una ley que les permitió especular con los bienes de la nación, violar derechos, contaminar el agua, arrasar con el ambiente, deforestar, violentar a las comunidades y destruir y saquear los bienes naturales del país”.

La Impugnación de la Ley de Minería refleja el desinterés de los diputados promoventes por las comunidades y sus territorios y, en los hechos, deja al descubierto su compromiso con los intereses corporativos”, remarcaron.

Con el argumento de que la ley se aprobó incumpliendo el proceso legislativo, los diputados apelan a que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Minería, a pesar de que representa un gran avance en el cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades que por más de 30 años han sido violados sistemáticamente al amparo de la ley Minera de 1992, que daba rienda suelta a las empresas para depredar los territorios, destruir vidas y devastar el medio ambiente sin sanción alguna, añadieron.

Las organizaciones expusieron que es grave el hecho de que los diputados y diputadas que presentaron la acción de inconstitucionalidad argumentan, entre otros temas, que con la aprobación de la nueva Ley de Minería se incurrió en una “violación del derecho de consulta previa de todas las comunidades indígenas, cuando ningún legislador de estos partidos se preocupó, en las pasadas tres décadas, por el derecho de pueblos y comunidades a ser consultados antes de que se entregaran miles de concesiones mineras en los territorios de su propiedad. 

Las organizaciones destacan que la nueva ley contiene avances esenciales como: la obligación de realizar un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para obtener el consentimiento de los pueblos para dar una concesión en sus territorios; retira el carácter de actividad preferente a la minería; prohíbe la minería en zonas con estrés hídrico y en Áreas Naturales Protegidas, prohíbe los trabajos de minería en el fondo marino, elimina el derecho de expropiación de los concesionarios, reduce los tiempos de las concesiones y regula de mejor forma los títulos de concesión para la actividad minera. Además, establece obligaciones para el cierre de minas y causales de cancelación de títulos de concesión minera.