Pugna por prohibición definitiva de glifosato se acentúa

La industria de agroquímicos asegura que sin glifosato habrá una “crisis de producción” y que los 128 millones de mexicanos no tendrán mejor salud por prescindir de su uso; en tanto, organizaciones sociales rechazaron “enérgicamente” la propuesta de ampliar el período de transición de la prohibición definitiva del uso de ese herbicida en México, porque ello obstaculiza “aún más las acciones urgentes para atender la grave problemática de salud humana y ambiental”.

A unos días de que se cumpla lo establecido en el decreto presidencial, que establece el 31 de marzo próximo como fecha de prohibición definitiva del glifosato, la pugna medática se ha intensificado.

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), que representa a la industria de agroquímicos, “prevé que de prohibirse el glifosato a partir del primero de abril y cuando se terminen los inventarios de este herbicida en el país, se verá una crisis de producción y un gran malestar en el campo mexicano por no contar con esta herramienta necesaria para la producción agrícola”.

Por su parte, la Campaña nacional sin maíz no hay país respaldó el punto de acuerdo presentado en el Senado de la Replica por las legisladoras Ana Lilia Rivera Rivera y Lilia Margarita Valdez, donde proponen apoyar el decreto presidencial y “respaldar la prohibición permanente de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y utilización de glifosato”.

En dicho órgano legislativo ha habido diferentes posiciones entre senadores del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), dado que Nancy Sánchez Arredondo y el Senador Rafael Espino de la Peña presentaron el pasado 12 de marzo una proposición con punto de acuerdo para exhortar a titulares de las instancias gubernamentales competentes y al Presidente de México, a considerar la ampliación del período de transición de la prohibición definitiva del uso de glifosato en el país. Esta posición ha sido promovida por la industria de agroquímicos, acusan organizaciones y legisladores.

La UMFFAAC anota en un comunicado que “de todas las grandes agriculturas mundiales, sólo México está a punto de aprobar la prohibición del glifosato. Consideramos que esto es un error: hará menos competitivos a los productores agrícolas nacionales, se puede perder hasta el 40 por ciento de la producción de cereales y otros cultivos por no contar con este herbicida”.

“La población mexicana –subraya– no gozará de mejor salud por prohibir el glifosato, y sí podrá tener una afectación porque el costo de producir en el campo se encarecerá y no le alcanzará el dinero por el aumento en los precios de los productos de cada cultivo, disminuyendo así la nutrición de los mexicanos”.

En contraposición, la Campaña nacional sin maíz no hay país reitera que  “el glifosato ha ocasionado daños graves a la biodiversidad, el ambiente y la salud humana; de acuerdo con información del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), se ha comprobado su alta residualidad y se encuentra presente en la tierra, en pozos de agua destinada al consumo humano, en sangre y leche materna de personas, en granos de maíz”.

A través de un comunicado, destaca que el Conahcyt ha difundido alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica implementadas junto con la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y “ha demostrando que la producción sin glifosato es viable. Con la implementación de la agroecología, en más de cinco millones de hectáreas y con la participación de casi dos millones de agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala, han visto aumentos en los rendimientos y mejoras en las ganancias, así como una importante reducción del uso de agroquímicos tóxicos”.

En contraposición, la UMFFAAC  “ratifica que el glifosato es el herbicida más usado en el mundo y está registrado en todas las grandes agriculturas del planeta en los cinco continentes y en más de 120 países; sólo la International Agency for Research on Cancer (IARC) declaró que es probablemente cancerígeno”. Sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que depende la IARC, declaró que sus análisis no fueron debidamente hechos.

Al respecto, la Campaña hace énfasis en, “la peligrosidad comprobada del glifosato, clasificado como agente probablemente carcinógeno para los seres humanos (Grupo 2A) por la IARC; y como plaguicida altamente peligroso (PAP), por la Pesticide Action Network International (PAN) y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), entre otras; clasificación retomada en la respuesta de México a Estados Unidos, en el Panel de solución de controversias del T-MEC”.

La UMFFAAC asegura en su comunicación que “la industria de protección de cultivos cuida la ecología; cada uno de nuestros productos, antes de poder comercializarse deben demostrar ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que no son cancerígenos, teratogénicos o mutagénicos y que no agreden a la ecología”.

“Gracias a nuestros productos, el mundo no ha sufrido una hambruna, pues en casi la misma cantidad de hectáreas agrícolas que había en el año 1900, cuando habitaban la tierra poco más de mil 500 millones de seres humanos, hoy se alimentan ocho mil millones de personas”.

En su comunicación, las organizaciones de la Campaña critican la postura del titular de la Sader, Víctor Villalobos, a quien acusan de replicar los argumentos del agronegocio y “afirmar de manera irresponsable que no existe evidencia científica que confirme las múltiples afectaciones por el uso de glifosato en la producción de alimentos”.

Por ello, hacen un llamado a sumarse a lo que establece el Decreto, “ya que de su cabal cumplimiento depende que se haga efectivo y requiere del firme compromiso de secretarios de estado como parte del Ejecutivo, quienes están en la obligación de ejecutar las decisiones y mandatos de los Decretos que emite el Estado para beneficio de toda la población. Funcionarias y funcionarios públicos que en lugar de apoyar, obstaculizan, caen en omisión”, anotan.