Gobierno federal prepara decreto para prohibir 61 plaguicidas más en México

El gobierno federal elabora un nuevo decreto que incluye  un listado de 61 plaguicidas que serían declarados como prohibidos en el corto plazo en México, revela el Relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana.

Sin embargo, acota el especialista, resulta necesario que el Estado mexicano, además,  adopte una Ley General de Plaguicidas que aborde definición, criterios y listado de  plaguicidas altamente peligrosos (PAPs).

En su Declaración de cierre de misión –que se realizó del 9 al  20 de marzo pasado– el Relator especial de la ONU se refiere a la situación de los plaguicidas en México donde, “aunque existen leyes que inciden en el uso de sustancias químicas utilizadas en la producción alimentaria y agrícola, no existe una Ley General de Plaguicidas que aborde los graves riesgos asociados a estas sustancias”. 

Reconoce los esfuerzos del Estado mexicano para la prohibición del glifosato en 2020 y 2023, así como de 35 plaguicidas en 2025, “pero es fundamental ir más allá y dar cumplimiento a la Ley Ambiental que prohíbe la importación de los PAPs que son prohibidos en sus países de origen. Además, resulta indispensable un marco regulatorio robusto que prohíba plaguicidas donde haya indicios de afectación a la salud humana o de polinizadores, como el fipronil, los neocotinoides y el paraquat”.

Marcos Orellana expone que también “estaría pendiente de resolución ante la Suprema Corte el expediente 283/2025 (amparo en revisión) sobre las omisiones para cumplir con convenios internacionales, actualización de normas y medidas de participación en registros sanitarios de plaguicidas”.

En el documento expresa su preocupación que la Península de Yucatán enfrente “desafíos significativos derivada de la utilización constante de plaguicidas altamente nocivos para la salud humana, situación que se agrava por las características propias del terreno. La muerte masiva de abejas debido  afecta la salud de los habitantes de la zona, y el sustento y la cultura de las comunidades apícolas”.

Hace hincapié en que fue informado que el agua extraída mediante pozos tradicionales en varios municipios de la Península, ya no es apta para el consumo humano, por lo que las comunidades tienen que recurrir a la compra de agua embotellada. Sin embargo,

también existen estudios científicos que demuestran que incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas”.

El relator especial de la ONU añade que “tampoco existen datos sobre las enfermedades asociadas a los plaguicidas ni monitoreo por parte de la Secretaría de Salud, por lo que las comunidades han iniciado esfuerzos para hacer mapeos comunitarios de la situación de salud de personas expuestas a plaguicidas. En particular, se han incrementado notablemente los casos de cáncer en pueblos de Campeche”.

Relata que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2018 encontró que diferentes autoridades del sector agrícola, ambiental y de regulación sanitaria incumplieron sus obligaciones de derechos humanos al no prohibir plaguicidas altamente peligrosos (PAPs) y no prevenir la contaminación y afectaciones derivadas a la salud, al agua y al ambiente. Sin embargo,  “aunque se han llevado acciones para revertir la situación, resulta preocupante que la Comisión haya considerado que la recomendación fue plenamente cumplida, a pesar de que todavía no hay un plan sectorial con metas medibles sobre estos plaguicidas altamente peligrosos, muchos de los cuales aún no han sido prohibidos”.

En la declaración preeliminar de la Visita del relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos en México, se hace referencia al “esfuerzo entre diferentes autoridades, academia y sociedad civil para la elaboración de una Norma Oficial Mexicana sobre la aplicación aérea de plaguicidas por avionetas. Es importante que este proceso pueda avanzar y pueda ser revisado para incluir fumigaciones aéreas con drones”.

Quedan 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por Cofepris

Por su parte, el director de RAPAM, Fernando Bejarano, informó que un conjunto de organizaciones reiteraron al relator de la ONU, durante su visita a México, que el gobierno federal “sigue siendo negligente en el cumplimiento de esta recomendación y los problemas se han agravado” y “hemos señalado cómo se privilegió la consulta con la industria de plaguicidas y aún quedan 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) y 161 de ellos están prohibidos en otros países”.

Considera que un nuevo decreto de 61 moléculas ampliaría la gama de prohibiciones de PAPs y refiere que el relator considera que “esto sería un paso muy bienvenido”. Además sería una oportunidad para que el gobierno mexicano implemente la decisión de la última conferencia de las partes del convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, “que prohíbe el clorpirifos siendo un plaguicida altamente peligroso, que tiene impactos severos por ejemplo, en la salud de los niños y las niñas”.

En efecto, subraya Bejarano, “el clorpirifos es un neurotóxico de amplio uso en México, especialmente dañino a la niñez, y del cual hemos elaborado un informe completo con expertas de la Universidad Autónoma de Nayarit, y las autoridades no han dado a conocer las medidas concretas para su prohibición acordado en el Convenio de Estocolmo”.

Señala que durante las reuniones con el Relator Especial de la ONU, representantes de comunidades y especialistas  comentaron que en México, “falta que establezca canales claros y efectivos de participación ciudadana y acceso a la información en el tema de plaguicidas

para saber qué  plaguicidas se usan, cuándo y cuánto, y se puedan establecer metas medibles y monitoreables de reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos”.

Fernando Bejarano confió en que la visita del experto internacional “mueva las voluntades políticas  de las autoridades del más alto nivel para que Sader, Semarnat y Cofepris cumplan con su responsabilidad, y avancen en una política de Estado para garantizar la  protección y promoción de los derechos humanos, se vayan prohibiendo los plaguicidas altamente peligrosos identificados como prioritarios, y se avance en la coordinación federal y estatal en los territorios en la transición agroecológica de los sistemas agrícolas y se frene el avance extractivista de la agricultura industrial”.