Trabajarán SB y PA para otorgar certeza de derechos a la tierra a campesinas de México
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Detenido
No obstante que realizan arduas y largas jornadas en el campo, en México sólo 28% de la propiedad agraria está en manos de mujeres, por lo que mediante un acuerdo entre autoridades de la Secretaría del Bienestar (SB) y la Procuraduría Agraria (PA) se busca garantizar el acceso de las campesinas a la tierra, otorgar certeza sobre el uso y aprovechamiento de ésta y fortalecer la propiedad social.
La estrategia impactará a 8 mil 786 núcleos agrarios donde opera el programa Sembrando Vida y fortalecerá la inclusión productiva de las mujeres, informaron durante la firma del convenio, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la SB, Columba Jazmín López Gutiérrez, y el titular de la PA, Víctor Suárez Carrera,
La colaboración facilitará la asesoría jurídica, la acreditación de derechos, la resolución de conflictos agrarios y el acompañamiento en procesos de sucesión, lo que permitirá avanzar en la regularización de parcelas y en el reconocimiento de mujeres como titulares de derechos agrarios en ejidos y comunidades.
En este acto, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que la libertad de las mujeres pasa necesariamente por el acceso al patrimonio.
Si una mujer no tiene tierra, no tiene condiciones plenas para decidir sobre su vida. Por eso es fundamental que las mujeres campesinas tengan derechos sobre la parcela que trabajan y sobre el espacio donde viven”.
El convenio también responde a una realidad concreta en territorio: miles de mujeres participan en el programa Sembrando Vida trabajando parcelas bajo acuerdos informales o en condiciones de usufructo, lo que en muchos casos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de su trabajo. Con este acuerdo, se abre una ruta para regularizar estas situaciones mediante procesos de conciliación, acuerdos de asamblea y registro legal.
En su oportunidad, Suárez Carrera subrayó que este acuerdo permitirá brindar certeza jurídica a las y los sembradores, con énfasis en el reconocimiento de derechos agrarios para las mujeres, impulsando su participación plena en los núcleos agrarios.
El ombudsman agrario planteó la posibilidad de que los Centros de Atención Agraria (CDAA) se conviertan en espacios de distribución de productos, promoviendo circuitos de consumo de campesino a campesino. Con ello, subrayó, se fortalecería la economía local y se agregaría valor a la producción.
En tanto, el director general de Organización, Formación e Inclusión Productiva de Sembrando Vida, Miguel Ángel Paz Carrasco, destacó que esta colaboración se inscribe en la construcción de una segunda etapa del programa rumbo a 2030, donde las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) se consolidan como motores de transformación social en sus territorios.
La coordinadora general de Organización y Desarrollo Agrario de la Procuraduría Agraria, María de la Luz Rodríguez Morales, subrayó que el convenio tendrá un impacto directo en el sector rural al garantizar acompañamiento legal en contratos, sucesión de derechos y atención de conflictos, además de atender la brecha en la titularidad de la tierra.
