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Detenido
Desde que nuestro país firmó el TLCAN, las condiciones del país para tener un campo sólido ya eran adversas, se habían desmantelado varias instituciones clave para el desarrollo del campo mexicano, y la migración se convirtió en un proceso natural de expulsión de campesinos hacia las ciudades y Estados Unidos.
Ya con la entrada en vigor del tratado en 1994, a las tradicionales importaciones de granos y oleaginosas, y leche, se sumaron los productos cárnicos, los desechos avícolas, la alta fructosa, y otros subproductos procesados y comercializados a través de las grandes cadenas de autoservicio.
De las asimetrías entre México y Estados ya se ha hablado mucho, una de las más significativas es la baja productividad en maíz –nuestro producto más sensible–, que en el caso de un agricultor mexicano en promedio se ubica en 2.5 millones de toneladas por hectárea, mientras que en Estados Unidos es de 9 a 10 toneladas –las cuales se alcanzan en estados como Sinaloa, pero como excepción. En materia de productividad poco hicimos como país. Los subsidios para los granjeros estadounidenses son altos y para los agricultores nacionales raquíticos.
Bajo la premisa de que para México sería más rentable importar granos que producirlos en su tierra, los tecnócratas en su momento plantearon que los agricultores mexicanos serían absorbidos por las ciudades, y hasta el mejor secretario de Agricultura que ha cosechado México, Javier Usabiaga, dijo que sino el maíz no era rentable que los maiceros se dedicaran a otra cosa. La realidad se encargó de contrariarlo.
De otro lado, las organizaciones campesinas se dedicaron a “chantajear” a la administración en turno para que los recursos se canalizaran al campo mexicano –hasta se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo en el sexenio foxista–, pero si se juzga por los resultados, o los recursos no fueron suficientes o no llegaron a detonar desarrollo en el agro o se quedaron en el bolsillo de los dirigentes.
Los empresarios del sector, en general, tampoco se atrevieron a apostar al campo a través de inversiones, por considerar el sector de alto riesgo, la inseguridad en la tenencia de la tierra, y por la falta de incentivos fiscales, a lo que se suma el sacar al sector –precisamente en este año de apertura total– del régimen de excepción, y aplicarle al igual que otros sectores económicos, sin considerar sus condiciones, el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
En fin, el campo mexicano vive un momento de cambio. Desde la firma del TLCAN se perdió un periodo valioso, que será difícil recuperar; existen experiencias de organizaciones y empresario que han logrado consolidar su negocio y que sí apuestan al campo, a pesar de todas las adversidades. Esas hay que multiplicarlas. Hay que ir en busca de tiempo perdido, por el bien del campo mexicano y los millones de mexicanos que nos alimentamos de él.
