Respuesta del gobierno mexicano a crisis alimentaria global, paliativo o autoengaño

El especialista refirió que el anuncio de los programas se ha hecho con “bombo y platillo”, pero que en su mayoría no son nuevos y tampoco observan una nueva inyección de recursos económicos.

Luego de plantear que en México no tenemos políticas integrales ni de desarrollo agrícola ni rural, destacó que lo deseable sería contar con un programa para reactivar la producción agropecuaria, con una buena política agrícola y un programa emergente de seguridad alimentaria, pero no lo hemos encontrado y lo peor que puede ocurrir es que algunos piensen que el gobierno esta haciendo lo que debe.

Al referirse a los programas asistenciales, Calva aseveró que los 120 pesos por familia de Oportunidades no son un engaño, pero como cada familia tiene en promedio cinco miembros, por lo que les toca de 4 pesos diarios, es decir, menos de un peso por persona al día; insuficientes para contrarrestar la carestía que tan sólo en aceite registra un aumento del 80 por ciento.

Mantener el precio del maíz y harina de maíz que se distribuye a través de Diconsa es una buena medida, pero no es suficiente, incluso “es una ofensa para los pobres extremos, para los miserables”, expresó.

Las medidas del gobierno –reflexionó– no contemplan a los pobres no extremos, ya que no hay ni un sólo centavo para ellos; hay un subsidio a la cadena maíz tortilla que es de 100 pesos por tonelada, pero que no evitará nuevas alzas en el precio de este alimento.

Calva Téllez puntualizó que el primer paquete que anunció el gobierno fue liberalizar las importaciones de algunos alimentos, pero esto no tiene ningún impacto, porque ese proceso ya se daba, ya que la mayoría de maíz, trigo y sorgo ya la importábamos de Estados Unidos. Hay otros países productores, como Argentina que no nos van a vender más barato sus granos, sino al precio internacional que es liderado por la nación estadounidense, por lo que el efecto en precios internos es igual a cero.

Respecto a los recursos para apoyar el desarrollo rural destinados al programa de capitalización, por ejemplo, para compra de tractores, dijo que éstos son parte del Programa Especial Concurrente (PEC) aprobado en diciembre por los legisladores, pero fue presentado como nuevo, al igual que mantener el Procampo hasta 2012.

El experto remarcó que no hay un centavo de fondos frescos en dichos programas, con excepción del destinado a fertilizantes, donde también se anunció que se liberan las importaciones, cuando sólo una pequeña parte mantenía aranceles; el problema ahí es el alto costo de este insumo.

Al referirse al programa de microcréditos destinado a 500 mil campesinos para adquirir fertilizantes, expuso que por lo menos para la cosecha actual ya no fue operado, ya que se preguntó: ¿dónde esta el aparato distributivo? Y remató: “es un engaño”.

Al termino de una reunión de trabajo con legisladores, especialistas y productores denominada La ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo rural, José Luis Calva aseguró que es posible recuperar las décadas de abandono del campo y en dos años producir los alimentos que requiere el país, siempre y cuando haya un viraje hacia una política agrícola.

Los países ricos miembros de la OCDE –indicó– destinan mil  millones de dólares diarios para subsidiar su agricultura. Estados Unidos es la primera potencia alimentaria del planeta, pero esto no vino de la mano invisible del Estado, sino que comienza con la ley agrícola de1864 y se consolidó con la ley de 1932 que estableció precios de garantía o soporte.

Esta política estadounidense, al igual que la seguida por la Unión Europea, mantienen precios de garantía que asegura rentabilidad, hay inversión en infraestructura, fondos para comercializar, crédito y seguro, además de inversiones en investigación y extensionismo rural.

En México hubo algo parecido en el pasado –recordó Calva–, pero fue desmantelado por las políticas neoliberales, por lo que existe la necesidad de que haya una nueva política agrícola con una visión realista y una alta presencia del Estado, que incentive la iniciativa de los individuos, que sirva de catalizador para desarrollar incluso las inercias del mercado; no que lo sustituya, sino que regule el desarrollo económico, “un Estado que cumpla sus responsabilidades en el desarrollo”.