Demandan programa de emprendedores para migrantes repatriados

Otras exigencias de estas organizaciones son: reducir los precios de los energéticos producidos por el Estado mexicano utilizados en las actividades productivas del campo; detonar el financiamiento de la banca de desarrollo para impulsar la creación de organizaciones financieras de los productores e incrementar el capital social de las empresas; la formación de un fondo de garantía líquida, que permita el acceso al crédito a los pequeños y medianos productores.

En un comunicado, reclamaron la implementación de programas emergentes de crédito de avío y refaccionario para leche y carne; así como otorgar tasas preferenciales del crédito para los cultivos que generan más mano de obra; programas de compras consolidadas de insumos que permitan disminuir los costos de producción; puesta en marcha de los proyectos productivos de impacto regional, que incorporen valor agregado a los productos del campo y generación de proyectos sustentables, como ecoturismo, ranchos cinegéticos, obras de conservación de suelos y agua, etcétera.

Se pronunciaron por elaborar un programa especial de producción de maíz, frijol y avena en áreas de temporal, y promoción de la producción de autoconsumo en áreas marginadas, así como diseñar un programa de apoyo con semillas de alto rendimiento con el fin de aprovechar el agua captada en las presas; otro más de empleo y financiamiento en actividades no rurales; así como uno de becas a los jóvenes para el desarrollo de actividades de extensionismo, capacitación y asistencia técnica, que permita su arraigo a la tierra y su desarrollo personal y profesional.

El Movimiento Campesino de Chihuahua y ANEC también demandaron la conformación de un programa especial para regularizar los automotores de trabajo utilizados realmente en el campo; la creación del Consejo Económico y Social del Estado, “para el análisis de los problemas que a todos preocupan y el planteamiento de soluciones en forma colegiada entre los sectores”; transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos destinados al campo, mediante la participación de las organizaciones de productores en la asignación de los mismos, entre otras propuestas.