Enfrenta fondo Cibiogem burocracia y lentitud en su operación
El año pasado se aprobaron las reglas de operación, apenas vamos a empezar a echar a andar el fondo, pero “es muy lento el proceso aquí para que llegue el dinero, que hay qué programarlo, qué hay recortes…muy burocrático, y no se le pone dinero al fondo”, reconoció el secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Reynaldo Ariel Álvarez Morales.
El fideicomiso se instituyó como uno de los fondos del Conacyt, se le asignaron 20 millones de pesos y tiene con dos propósitos fundamentales: generar información para la toma de decisiones, y contar con datos necesarios para cumplir con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
En el país ya contamos –expuso– con un marco regulatorio, tenemos una red de monitoreo, laboratorios y un fondo creado, “hay que meterle dinero para que México genere los productos que necesita”.
En el fideicomiso participan seis secretarías de Estado, que aportan poco más de tres millones de pesos cada una; si nos dieran cinco millones por año, como lo ha propuesto la Secretaría de Agricultura, tendríamos un fondo “razonable” y con eso podríamos funcionar bien, consideró el responsable de Cibiogem.
El artículo 28 de la LBOGM indica que la Cibiogem debe estimular la investigación en bioseguridad y biotecnología, por lo que “vamos a ser congruentes”, expresó Ariel Álvarez.
Cibiogem cuenta con ocho personas para operar; para la cantidad de trabajo y obligaciones que marca la ley se requiere el doble, señaló. Entre las tareas que se tienen que realizar están: llevar la normatividad internacional y dar seguimiento a la nacional; atender cuestiones legislativas y de coordinación institucional; promover la investigación en biotecnología y bioseguridad; ver que se cumpla la ley; contar con un sistema de información para la población, generar reportes del estado de bioseguridad en el país y de la biotecnología; “no nos damos abasto”.
Una investigación que por ley debe realizarse con los recursos de fondo es el diagnóstico genético del maíz para saber qué tenemos que proteger; cuáles son los genes más raros que hay que resguardar; qué población de criollos está en peligro; uno de los principales proyectos que vamos a echar a andar es el estudio de diversidad genética de maíces criollos, resaltó Ariel Álvarez Morales.
Tras participar en mayo pasado en un foro sobre transgénicos en la Cámara de Diputados, coincidió con el José Sarukhán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en preguntar, ¿dónde están los recursos para la investigación que se necesita para que México de pasos con firmeza? Mientras no tengamos ese punto resuelto nos podrán decir que estamos tomando medidas apresuradas o que si ya lo pensamos bien. Pero hay dos opciones: Nos quedamos estáticos porque no hay recursos e investigación, o avanzamos con el conocimiento que tenemos, aunque sea limitado. ¿No sé que sea peor?
Los legisladores –aseveró– nos pueden ayudar entendiendo que se requieren mayores fondos, que es donde si pueden incidir, para fomentar la investigación sobre biotecnología que nos de información para ayudarnos a tomar decisiones firmes y con certeza.
Al cuestionarlo sobre si esto no se tendría que haber hecho antes de empezar a experimentar con transgénicos, Álvarez Morales respondió que “se tendría que haber hecho hace años, porque la protección a la diversidad genética es independiente de la tecnología. Si México –por ejemplo– decidiera ser libre de transgénicos, tiene que haber otras variedades, híbridos, variedades o mejores líneas.
Hizo énfasis en que las secretarías de Agricultura, la Semarnat y de Salud tienen excelentes equipos de evaluadores de riesgo, inspectores bien capacitados, implementamos una red de laboratorios y estamos empezando a hacer los programas de monitoreo. No obstante, matizó, falta investigación en aspectos de bioseguridad y ahora con un marco regulatorio completo tenemos que incentivar a los investigadores para que generen productos que no producirá la industria, aquellos que México necesita para resolver sus problemas sociales.
Puntualizó que no hay un sólo país que tenga la capacidad para monitorear, si por esto se entiende ir a tomar muestras y hacer análisis para ver si hay transgénicos, “eso es imposible". México cuenta con la red mexicana de moni toreo con más de 25 nodos y es uno de los pioneros en tener un núcleo de secretarías que tienen obligación de vigilar, junto con más de 20 instituciones de investigación pública que cooperan a nivel regional, desde el norte hasta Yucatán. Hay que implementar los programas y se requieren recursos. Ya está la infraestructura, ¿dónde están los recursos para pagar el monitoreo? Se preguntó.
En Cibiogem, recalcó, hay muchas cosas que se necesitan hacer y hay poco tiempo y hay que fortalecerla. Este tema (el de OGM) es y seguirá siendo polémico en la medida que haya dudas y falta de certeza. Si queremos avanzar hay que invertirle.
