El campo necesita política integral de Estado de largo plazo para superar rezagos

En lo anterior coincidieron integrantes del Proyecto conocimiento y cambio en pobreza rural y desarrollo, donde participan la Sagarpa, la UNAM y el Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que busca discutir y encontrar alternativas de desarrollo del campo mexicano.

El analista Luis Gómez Olivier, planteó la propuesta de establecer un programa estratégico de inversiones en bienes públicos para la transformación productiva del medio rural.

Indicó que el año pasado  33.5 por ciento del gasto rural se canalizó a bienes privados de beneficio social; 26.5 a bienes públicos de beneficio social; 14.6 a bienes privados de fomento productivo y tan sólo 17.6 a bienes públicos de fomento productivo, y 7.8 por ciento a bienes públicos de fomento productivo indirecto –gasto operativo de secretarías de Estado relacionadas con el campo y gasto de educación agrícola superior.

El también consultor externo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), propuso que los presupuestos que atienden al sector sean plurianuales para asegurar la continuidad en el largo plazo, con un horizonte temporal de 24 años, actualizable cada seis años, definiendo prioridades, objetivos, mecanismos de ejecución y sistemas de seguimiento y evaluación.

Habló de crear un programa de apoyos integrales para el desarrollo rural en regiones, microrregiones y localidades de alta y muy alta marginación y una coordinación intersecretarial para la transformación productiva del medio rural,

El subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Ignacio Rivera Rodríguez, destacó que el gobierno federal ha iniciado una serie de políticas y estrategias para el desarrollo, donde estamos pretendiendo crear un bien público en el capital humano, en los productores, para que asuman las actitudes que hacen posible el desarrollo.

En todos los programas debemos ser cuidadosos y analizar si estamos motivando a la gente a salir de la pobreza, ya que el subsidio en el largo plazo es perverso.

Coincidió con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la necesidad de reestructurar el gasto orientado al campo, dotándolo de una visión de largo plazo y fortaleciendo  educación, organización productiva, capacitación, y sobre todo, apoyo a los agricultores familiares –de pequeña y mediana escala– pues “son ellos los llamados a resolver los temas de soberanía y seguridad alimentaria”.

Enfatizó en el reto de “generar capital humano a partir del conocimiento” y de políticas públicas que vinculen a la población rural a los mercados, al acceso a los servicios y a la planeación desde la perspectiva territorial, y que impulsen la productividad y la competitividad.

Para ello, “nos apoyaremos en las redes de conocimiento: las universidades y los institutos de investigación. Queremos convocarlos a que reconozcan en el campo un espacio de oportunidad y un espacio en construcción (…) bajo la premisa de que para combatir la pobreza debemos generar riqueza”,

Gómez Oliver refirió que de acuerdo con las diversas mediciones, la población rural en México suma entre 24 y 37 por ciento del total nacional; está instalada y trabaja su tierra sobre 76.5 por ciento del territorio nacional.

Esta población es la responsable de producir los alimentos que requiere el país, y es crucial para la sostenibilidad ambiental,  la conservación de los recursos naturales, y la preservación de nuestras raíces culturales.

Los pobladores rurales, sin embargo, tienen un ingreso 73 por ciento inferior al promedio nacional (mientras que en las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, es 18 por ciento inferior). Es el medio rural donde se concentra la población más pobre.

José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, afirmó que la pobreza rural en México es un mal crónico, transgeneracional, arraigado, y requiere una solución de fondo no sólo por imperativos éticos, sino porque este flagelo está ligado a soluciones que busca la población en la emigración y en la delincuencia organizada, todo lo cual repercute muy nocivamente en la vida social y económica del país.

En el taller, realizado la tarde del 16 de febrero en el Aula Magna “Jesús Silva Herzog” de la Facultad de Economía de la UNAM, el coordinador del Seminario Universitario de la Cuestión Social, Rolando Cordera Campos, subrayó que debe dársele relevancia a la agricultura familiar.