Concentran estados menos pobres la mitad del gasto público rural

Así lo plantearon especialistas que participaron en el taller de difusión del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, que se realizó el pasado 11 de marzo en la capital de esta entidad, quienes matizaron que el campo no sólo requiere recursos, sino el diseño de políticas públicas integrales que tomen en cuenta aspectos territoriales, económicos, sociales y culturales.

Con la representación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Narro Robles, el consultor externo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Luis Gómez Oliver, expuso que existe un enfoque erróneo de que en México la pobreza puede ser resuelta en buena medida con apoyos económicos, como lo hacen los países desarrollados, pero en este caso eso no es viable, porque no es un fenómeno individual, sino de todo un medio social, el rural.

Hizo énfasis en que la vía para superar dicho problema no es por medio del asistencialismo, ni puede resumirse a la negociación del presupuesto anual para el campo, sino mediante el desarrollo autónomo de las comunidades y el potencial que existe en su entorno.

El subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Ignacio Rivera Rodríguez, coincidió con especialistas en que lo antecedieron en que la pobreza rural es un asunto multifactorial y reiteró que no es sólo un problema de subsidios, o de falta de crédito, o de insuficiente acceso a tecnología y a mercados, por lo que hay que reorientar los esfuerzos en el desarrollo de capacidades de los propios pobladores rurales, en materia de organización, planeación, acceso a tecnología, a mercados, a través de una estrategia de extensionismo rural.

En entrevista subrayó que el problema de la pobreza no es un tema de dinero, sino de mejor inversión del gasto, donde consideró que lo fundamental es el desarrollo humano, porque  “los subsidios tienen un efecto perverso sino tienen un objetivo claro y deben ser temporales y perseguir objetivos muy claros”.

El analista Gustavo Gordillo, expuso que el campo mexicano se observa una desigualdad presupuestal, ya que los mayores beneficiarios del gasto público rural son Sinaloa, Tamaulipas y Sonora (con 35 por ciento), representan una proporción bastante pequeña del empleo rural; en tanto que los estados más pobres, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero (con 5.7 por ciento) representan una proporción importante del empleo agrícola pero reciben una monto mucho menor de estos recursos.

La distribución del gasto público rural per cápita rural –remarcó– se concentra en la mitad con menor pobreza de los estados como Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Indicó que ocho estados con mayor pobreza, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Michoacán y Tabasco, concentran 64 por ciento de los pobres en el sector rural y aportan 18 por ciento del PIB agrícola.

Gustavo Gordillo dijo que el contraste entre las áreas rurales del norte y el sur del país multiplica casi diez veces las tasas de pobreza extrema, ya que en el caso de Baja California es de 6.5 por ciento y en Chiapas y Guerrero cerca de 60 por ciento.

El profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Pacífico Sur, Salomón Nahmad, expresó que la población rural no es homogénea y obedece a múltiples factores, por lo que algunas prácticas que se viven en el medio rural muchas veces no son tomadas en cuenta al momento de diseñar programas o políticas para el medio rural, por lo que en familias poligámicas generaban conflictos respecto a la entrega de apoyos a determinado miembro de éstas.

Agregó que  hay programas sociales focalizados a individuos específicos, que chocan con las formas comunitarias de vida y gobierno de los municipios indígenas, que se rigen por usos y costumbres.

En este marco, Ignacio Rivera destacó que uno de los programas “más efectivos” en la superación del tema de la pobreza es el Programas Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido a comunidades de muy alta y alta marginación y enfocado principalmente a la mujer, el cual este año destinará 2 mil 550 millones este año para 16 estados, donde Oaxaca y Guerrero recibirán 400 millones cada uno.

El año pasado –añadió—contó con mil 340 millones de pesos en beneficio de 150 mil familias, unas 800 mil personas, que directamente participaron en la producción de alimentos y venta de excedentes de producción, captación de agua, instalación de estufas ecológicas y producción de alimentos de traspatio.

Para atender a las diferentes regiones del país, dijo, se diseñan programas especiales para el sur-sureste, como el Trópico Húmedo o el Programa para el Desarrollo de Zonas Áridas, cada vez más se están haciendo “trajes a la medida” para las diferentes condiciones de las regiones y de los productores y “en la medida de lo posible ir diferenciando programas, reglas, lineamientos y operación; pero no puede ser tanto que se complique después, porque controlar y darle seguimiento va a ser muy difícil”.

Habló de la necesidad de integrar por lo menos una universidad por estado, que los centros de producción nos ayuden a formar técnicos, pero que también se involucren en proyectos de apoyo a las comunidades.

Los especialistas coincidieron en la necesidad de diseñar una política de Estado, donde participen además de los tres órdenes de gobierno, los legisladores, las organizaciones de productores, las universidades, académicos, la sociedad civil y los empresarios.