El diputado Alejandro Rivera Castillejos (PAN) sostuvo que no hay control en otorgamiento y seguimiento de apoyos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el componente de PROAGRO Productivo; en 2016 se realizaron pagos por 4 millones 637 mil pesos a personas fallecidas antes de la fecha en que se autorizaron.
De acuerdo al resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el pasado 29 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) autorizó pagos a 174 servidores públicos sin demostrar ninguna intervención en actividades vinculadas al PROAGRO.
El legislador, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que se realizaron pagos en exceso que ascendieron a 47 millones 424 mil pesos, debido a que se autorizaron incentivos por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían, “situaciones que contravienen la normativa aplicable a este componente”.
Rivera Castillejos aseguró que el reporte de la ASF, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al PROAGRO Productivo se ejercieran conforme a los montos aprobados, reportó que en su base de datos se encontraron 25 mil 64 beneficiarios que no acreditaron la vinculación del incentivo por 79 millones 498 mil pesos.
Por lo anterior, el legislador impulsa un punto de acuerdo turnado a la Tercera Comisión de la Permanente para exhortar al titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, aclare el destino otorgado a los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el Componente de PROAGRO Productivo.
Es necesario conocer realmente cuál fue el destino de los recursos otorgados a dicho Programa, por lo que está solicitando que Sagarpa lleve a cabo un ejercicio abierto de transparencia y rendición de cuentas.
El PROAGRO Productivo, conocido como PROCAMPO, surgió en 1993 como apoyo compensatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que trajo desventajas competitivas para productores nacionales por subsidios otorgados a sus contrapartes en los países socios; dicho apoyo consistió en el pago por hectárea o fracción de la superficie sembrada en cualquiera de los cultivos elegibles.
A partir de entonces, la Sagarpa encaminó sus esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades y el incremento de la productividad del país, por lo que en su estructura programática para 2014 incluyó el “PROCAMPO Productivo” en el Programa de Fomento a la Agricultura, y formalizó su transición al “PROAGRO Productivo”.
La diferencia esencial que radica entre ambos, explicó Rivera Castillejos, consiste en que en PROAGRO los incentivos deben vincularse con el mejoramiento de la productividad agrícola.
Lo anterior significa que los beneficiarios están obligados a manifestar y acreditar en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) el destino de los incentivos recibidos en aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del productor y las condiciones regionales.
En este sentido, añadió, es indispensable conocer los recursos otorgados al PROAGRO, conscientes de la necesidad y pertinencia de llevar a cabo un ejercicio libre y transparente.
Fuente: Cámara de Diputados
