Impulsan centro de mediación y conciliación para resolver rezago y “focos rojos” agrarios

En México persisten entre 35 y 40 conflictos agrarios, considerados “focos rojos”, y cada año los tribunales en la materia reciben alrededor de 50,000 casos de rezago agrario, acumulado por años o décadas, muy complejos y sin resolver, por lo que la Procuraduría Agraria (PA), en conjunto con Tribunal Superior Agrario (TSA) y la Sedatu impulsan la creación del Centro nacional de mediación y conciliación agraria, que contribuirá a dar salida a conflictos por la tenencia de la tierra.

En rueda de prensa, el titular de la PA, Víctor Suárez Carrera, apuntó que de establecerse dicho Centro, ya sea por decreto presidencial o por una modificación de la ley, permitirá atender los conflictos agrarios de manera muy significativa, y hacia el año 2030, “estaremos abatiendo fácilmente 50% del rezago agrario que está en los tribunales agrarios”.

Puntualizó que este Centro nacional de mediación y conciliación agraria, que aún no está establecido, lo esta proponiendo la PA, en coordinación con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, y con el TSA.

Suárez Carrera expuso que durante los próximos tres años se buscará reducir el rezago en forma gradual, hay temas que están vinculados también al Registro Agrario Nacional (RAN), como la actualización de padrones y la lista de sucesores; hay otros temas del rezago agrario que competen a los tribunales agrarios.

Respecto a los “focos rojos” agrarios, indicó están en diversos estados del país y, por ejemplo, Oaxaca concentran 15 de éstos.

Son conflictos. entre comunidades muy añejos que han generado sobreposición de límites en los polígonos comunales y que tienen que ver con interpretaciones diferentes sobre sus títulos virreinales de la época, y también en algunos casos hay presencia del crimen organizado”.

Por ejemplo, destacó el caso de Santa María Chimalapas, donde desde hace 40 años, hay un conflicto entre dos ejidos que teóricamente fueron dotados al interior de la comunidad indígena y no es posible que se resuelva a nivel de los tribunales agrarios.

Otro caso está en los límites de Morelos, Ciudad de México y Estado de México, donde tenemos la Comunidad de Huitxilac, la de San Juan de Atzingo y algunas otras, donde existe tala inmoderada, especulación imobiliaria con mucha fuerza y control, muy significativo del crimen organizado en el territorio.

Otros focos rojos muy intensos están en la Península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, donde en los últimos 25 años se dio un proceso acelerado de despojo y deforestación de tierras ejidales y comunales. Esta dinámica se ha intensificado en los últimos años con la expansión de los campos menonitas en Campeche y en Quintana Roo, que por diversas formas este legales o ilegales se hacen de tierras, deforestan y establecen un monocultivo de maíz y soya transgénica, donde se hacen fumigaciones de tóxicos con avionetas que contaminan el agua, matan las abejas y afectan los modos de las comunidades mayas.

Otra gran presión –agregó– en la Península de Yucatán son las mega granjas porcícolas y avícolas, que también deforestan y  contaminan el ambiente. Es el segundo factor de presión que el gobierno federal está deteniendo y, por ejemplo, hay granjas clausuradas por la Profepa (Procuraduría Federal Protección al Ambiente).

En el corredor Mérida-Progreso, la especulación inmobiliaria está a todo lo que da y “hay un proceso también de despojo por vías legales o ilegales, los cuales estamos atendiendo”, afirmó el procurador agrario.

Otro factor de presión son los proyecto turisticos en todo lo que es el Caribe mexicano, que también están el corredor Jalisco-Nayarit, donde en el sector  inmobiliario hay una presión con presencia del crimen organizado.

Otros focos rojos los tenemos en Baja California Sur, asociado al despojo de tierras para proyectos turísticos o inmobiliarios de alta gama. “En realidad todas las zonas forestales y mineras están consideradas focos rojos”, subrayó Víctor Suárez.

Esto –informó– se está atendiendo también en una mesa especial de alto nivel con la Secretaría de Gobernación. “Enfrentamos un problema complejo que va a tardar tiempo en atenderse, pero de manera integral como gobierno lo estamos haciendo ahora”.

Hizo hincapié en que hay temas de rezago agrario y que a la PA compete la renovación de órganos de representación y vigilancia en los 32,000 ejidos y comunidades del país, la actualización de reglamentos mexicanos o estatutos comunales, actualización de patrones y la lista de sucesores.

El titular de la PA presentó el Programa Estratégico que guiará la transformación profunda de la institución, donde destacó la instalación de mil Centros de Atención Agraria (CDAA) y la conversión de 804 visitadores en Organizadores Agrarios, promotores de gobernabilidad, planeación participativa y defensa de derechos colectivos.

Manifestó que “es fundamental el cumplimiento de cuatro prioridades presidenciales: Titularidad de derechos para 150 mil mujeres agrarias; Implementación de Planes de Justicia; acompañamiento en megaproyectos con liberación legal del derecho de vía; resolución de conflictos agrarios críticos con una mesa intersecretarial; digitalización institucional, atención telefónica nacional y simplificación de trámites”-