Marco agrario salinista está intacto; urge reformarse: PA

Cárteles inmobiliarios y empresas mineras ejercen fuerte presión sobre ejidos y comunidades

El marco agrario general que diseño el modelo neoliberal salinista, a partir de la Reforma al artículo 27 constitucional sigue intacto, por lo que es necesaria su modificación para frenar la “presión privatizadora y de despojo” sobre los ejidos y comunidades que realizan empresas inmobiliarias y mineras, que están “depredando los territorios y desestructurando los núcleos agrarios”, que no solo son proveedores de alimentos y servicios ambientales, sino que son un espacio relevante para el desarrollo socioeconómico en el medio rural.

Así lo expresa en entrevista con imagenagropecuaria.com, el titular de la Procuraduría Agraria (PA), Víctor Suárez Carrera, quien advierte que estos procesos de privatización y despojo “no los contenemos en esta administración, podríamos estar perdiendo irreversiblemente una construcción histórica, que es la propiedad social de la tierra en México”.

Hay que cambiar –subraya– el marco neoliberal a otro que revalorice de nueva cuenta ejidos y comunidades con una visión de futuro, reconociendo las nuevas dimensiones de sus aportaciones no sólo a la producción alimentaria, no sólo a la justicia, sino a la conservación de recursos naturales, el agua y a la construcción de gobernabilidad y de paz en los territorios rurales y, sobre todo al sostenimiento material de la diversidad cultural de los pueblos indígenas de México.

Durante la plática, luego de presentar el Primer Informe de Labores 2024–2025 de la PA –en la conferencia del ciclo Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias–, Suárez Carrera refiere que otro de los efectos de la reforma al artículo 27 de la Constitución, en el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, es que hoy en las zonas agrícolas de riego o de buen temporal más del 90% de las tierras ejidales están rentadas.

Lo anterior, reflexiona, está vinculado con la pérdida de rentabilidad que viene de 1992 a la fecha, con la firma del Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial, la importación a precios dumping, la desestructuración del sistema institucional de fomento al campo, la caída del presupuesto rural, del financiamiento y la formación de monopolios en el sector agroalimentario. Todo trajo como consecuencia la perdida de la rentabilidad y la gente se ve obligada a rentar su tierra.

En general –afirma– tenemos un sector agrario que se rige a hoy en día por el marco neoliberal salinista, que continuó con los ex presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Con López Obrador, en la Cuarta Transformación, no hubo tiempo ni condiciones para abordar la transformación del marco agrario y del que tiene que ver con el agua. Los procesos de transformación son por etapas, son de larga duración.

La PA –recapitula– cumple 33 años de creada a raíz de la modificación al artículo 27 constitucional en 1992 y al igual que el Registro Agrario Nacional (RAN) o los Tribunales Agrarios (TA), son resultado de la contrarreforma agraria salinista  y estas instituciones han sido un instrumento de la política neoliberal privatizadora. En tres décadas estas instituciones se han dedicado a favorecer la transición de propiedad social a propiedad privada y en esencia se ha tratado de impulsar la reconcentración de la tierra de los ejidos y comunidades a manos privadas. Es un proceso de reconcentración neoporfirista.

La PA –recalca– se convirtió en una institución distante de las necesidades de los ejidos y comunidades, se burocratizó excesivamente, se alejó de los territorios agrarios y en buena medida se involucró en la corrupción que se instaló durante este tiempo para favorecer el despojo”.

Cárteles agrarios

El ombudsman agrario hace hincapié en que en muchas regiones del país hay verdaderos cárteles agrarios con personal de la PA, del RAN, TA y exfuncionarios amafiados con notarios públicos y con la presión de gobernadores, exgobernadores, senadores, exsenadores, diputados, diputadas, con un objetivo, despojar las tierras de más valía, más plusvalía en manos de ejidos y comunidades.

La Península de Yucatán, por ejemplo, está sometida a procesos de despojo masivo, tanto para proyectos inmobiliarios o turísticos, megagranjas avícolas o porcícolas, y para la expansión de la agricultura industrial de los menonitas, con monocultivos de maíz y soya transgénica, que deforesta y afectan la vida de las comunidades mayas, aplicando plaguicidas de manera masiva a través de avionetas, generando una muerte masiva de abejas.

“Es uno de esos cárteles agrarios –resalta– donde hay terratenientes que concentran cientos de solares urbanos, parcelas ejidales, ocupan de manera ilegal áreas de uso común de ejidos, hacen parcelamientos ilegales de áreas de uso común para estos proyectos, ya no solo en Campeche, sino en Quintaroo y Bacalar. Esto lo tenemos que contener y revertir”.

Algo similar ocurre en  Baja California Sur con todo el tema de turismo de alta gama, con venta de terrenos ejidales en dólares, hay una especulación desbordada; tenemos un boom de turismo en la costa de Oaxaca. También hay otras zonas en torno a las áreas metropolitanas para satisfacer las necesidades de uso habitacional o uso industrial.

¿Un gran pendiente de la Cuarta Transformación sería la reforma a la reforma del marco agrario?

Sí se requiere una reforma a la reforma agraria neoliberal. Es lo que estamos intentando como principal desafío; no necesariamente el artículo 27, pudiera ser; pero en este momento sería la Ley agraria y las leyes asociadas que imprimen una política de despojo, como la Ley minera, la Ley de aguas, la Ley forestal, etcétera. Porque fue todo un entramado que se construyó en 1992 para la privatización de todos los sectores de la economía, de los recursos de la nación y de los bienes comunes o colectivos.

Entre tanto, agrega, estamos haciendo los cambios que nos permite ese marco neoliberal en las instituciones del sector. el RAN, la PA, la propia Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), sobre todo haciendo que la PA se transforme a una institución de servicio y de defensa de los derechos de los núcleos agrarios.

Ustedes hicieron un diagnóstico, ¿cómo está el sector ejidal y comunal en cuestión de pobreza? ¿Qué tan pobres son los habitantes de estos territorios?

Los ejidos y comunidades tienen en sus manos la mitad del territorio nacional, un gran porcentaje de tierras agrícolas, ganaderas, de bosques y selvas, de recursos naturales, de biodiversidad, una gran cultura alimentaria…son extremadamente ricos. Sin embargo, con las políticas neoliberales de abandono y despojo, la mayor parte de núcleos agrarios está en condiciones de desigualdad y pobreza. De los 13 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en la administración del presidente López Obrador, 5 millones se ubican en ejidos y comunidades, en zonas de alta marginación, en pueblos indígenas. Se redujo, pero no ha sido suficiente. Existen 3.5 millones de ejidatarios, un millón de comuneros y hay un millón de posesionarios y 5.5 millones de avecindados, y vinculadas a estos titulares de derechos hay alrededor de 20-25 millones de personas, quienes viven en ejidos y comunidades agrarias. Estaría pendiente unos 10 millones de personas más que se requiere salgan de la pobreza en el medio rural.

En este sentido, el titular de la PA confía en que con la continuidad de la Cuarta Transformación, las políticas de programas sociales, el mejoramiento de los salarios mínimos, más crecimiento económico, más el aporte de las remesas, esto haga posible que en los seis años de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos otros cinco millones de pobladores rurales salgan del nivel de la pobreza.

Respecto a cómo la PA puede coadyuvar a la superación de la pobreza en núcleos agrarios, Víctor Suárez señala que primero dándole certeza jurídica a la propiedad y posesión del ejido y la comunidad. Otro aspecto es la eliminación de los conflictos agrarios, hoy.tenemos algunos que tienen 60 o 70 años y que derivan en violencia. “La certeza jurídica de la propiedad y la posesión, más resolución de los conflictos agrarios, abona a la actividad productiva”, recalca.

Un tema fundamental es la gobernabilidad y la construcción de paz en el territorio porque hoy también desafortunadamente en muchos ejidos y comunidades el crimen organizado es el que tiene el puesto de mando”.

Polos ejidales o s comunales de bienestar

En paralelo, comenta Víctor Suárez estamos poniendo la atención principal en la reorganización interna con fines productivos ambientales, para que los recursos disponibles, minerales pétreos, bosques, selvas, diversidad biológica, agua, áreas de cultivo y ganaderas, bellezas escénicas y cultura alimentaria, puedan ser aprovechados por el propio ejido y la comunidad y no por terceros.

En este sentido, añade,  estamos buscando también que se establezca un régimen de incentivos fiscales y económicos para el ejido y la comunidad, para que se desarrollen actividades económicas y tengan facilidades impositivas, de acceso a inversiones o a financiamiento y que “así como se habla de polos de bienestar para atraer la inversión extranjera, hablemos polos ejidales o polos comunales de bienestar, pero se requiere otra política que hoy no existe y estamos tratando de convencer a que exista para que los ejidos tengan más actividad económica”.

La inversión en estos polos sería por parte del Estado, la banca de desarrollo, que hay que reconstruir, y, eventualmente, con alianzas o inversiones privadas, en una hay condición de igualdad, equidad y transparencia, comenta.

Hace hincapié en que se necesita una reconstrucción desde abajo, porque adentro de comunidades y ejidos también se ha desestructurado la vida interna, la migración ha erosionado la vida interna, la cohesión familiar y comunitaria y en el marco del individualismo y del acaparamiento dentro de ejidos también se han desplegado cacicazgos. La complejidad social es grande y tenemos como tarea es salvar al ejido y la comunidad.

Víctor Suárez apunta que no es una tarea es fácil, que se trata de transformar, pero no podemos hacerlo solos, sino en conjunto con las demás instituciones.

Cada vez es más claro que necesitamos cambiar el marco jurídico agrario que ha estado vigente casi 50 años; sigue siendo el mismo marco neoliberal en un gobierno de la Cuarta Transformación. Es urgente que se cambie”.

Confía en que “con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la doctora Edna Vega –titular de la Sedatu– vamos a hacer ese cambio en el marco jurídico agrario para quitarle el sesgo neoliberal, privatizador y de despojo, a un sesgo de rescate, defensa y revalorización de la propiedad social de la tierra”.

Al cuestionarlo sobre el bajo presupuesto para el sector agrario, el titular de la PA expresa que se va a operar con el que asignen los legisladores. “Por supuesto que si hay valoración diferente de la Cámara de Diputados asignando un presupuesto acorde a esta importancia estratégica, pues claro que podremos hacer más y mejores cosas,  porque los ejidos y comunidades son claves para sacar de la pobreza las comunidades”.

“Es un desafío muy grande, no es fácil porque tenemos más de 33 años de abandono del sector. Todo ha estado en contra de los ejidos y comunidades, todo”, anota el procurador agrario.