Diputados piden materializar ley reglamentaria del derecho constitucional a la alimentación
En el marco del Foro Nacional del Frente Parlamentario Contra el Hambre –Rumbo al Séptimo Foro Regional del FPH, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), pidió materializar el derecho a la alimentación, como lo señala el artículo 4º Constitucional, mediante la coordinación de los poderes públicos, ya que “más de la mitad de mexicanos sufre en materia alimentaria”.
La diputada Delia Guerrero Coronado (PRI), integrante del FPH, urgió a elaborar “una necesaria ley reglamentaria del derecho constitucional a la alimentación”, frente a los escenarios por los que nuestro país está pasando. “México ya no puede esperar más”, enfatizó.
La legisladora, quien es secretaria del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), puntualizó que “hoy más que nunca” las y los legisladores deben hacerse de información pertinente, y diagnósticos precisos de especialistas y tener la participación de la sociedad, para construir soluciones viables y definitivas al problema del hambre.
Enfatizó que en América Latina, en donde abundan los recursos naturales y el alimento suficiente, el hambre es algo que no puede aceptarse. “Es un momento difícil para las finanzas públicas, pero debe priorizarse el destino de los recursos públicos para tal fin”, recomendó.
El representante de la FAO en México, Fernando Soto Baquero, pidió hacer énfasis en la pequeña producción -agricultura familiar, campesina, indígena y comunitaria-, que es una oportunidad para México.
Para ello, deben desarrollarse políticas públicas integrales e intersectoriales que cuenten con un marco legal y presupuesto.
En tanto, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa (PAN), integrante de la coordinación del FPH, planteó a sus colegas ocuparse de la agricultura e “ir por los pequeños productores”, para acercarlos al mercado y ofrezcan lo que cosechan. “Paradójicamente, los más pobres son quienes producen nuestros alimentos, eso es inaceptable”.
Lamentó que quienes produzcan los alimentos no tengan para comer y estén por debajo de la línea de pobreza, y sólo se le dé recursos subsidiarios, en lugar de darles apoyos para la construcción de infraestructura que beneficie al sector.
Llamó a revisar la canasta básica y generar cadenas en la producción, procesamiento y venta en pequeño. “Se trata de que los productores tengan remuneración y dejen de ser pobres, así como evitar que los intermediarios sigan abusando de ellos”
En su turno, la subsecretaria de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Mely Romero Celis, sugirió crear un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria para que, en concurrencia con programas, presupuestos y leyes, todas las dependencias que tengan que ver con el tema hagan un esfuerzo unificado para garantizar los alimentos para todos los mexicanos.
Informó que han impulsado una serie de acciones y políticas públicas que fomenten que haya suficientes alimentos y de calidad al alcance de los mexicanos, mediante el uso de tecnologías y el aumento de producción por hectárea, así como la elaboración de esquemas eficientes de transportación y distribución “para que lleguen a todos les mexicanos”.
Resaltó que México cuenta con una balanza comercial positiva, es decir, se producen suficientes alimentos, de tal forma que se exporta más de lo que se importa en términos generales. “Tenemos un índice global de seguridad alimentaria del 68 por ciento, de una meta del 75 por ciento; vamos en un buen camino para concretarla”, declaró.
El Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), Capítulo México, es un órgano colegiado integrado por diputados y senadores, cuya primera edición tuvo lugar en diciembre de 2011, durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión; fue reinstalado en la actual con el objetivo de que la seguridad alimentaria sea un asunto estratégico de la actividad legislativa.
Las metas principales de esta agrupación pluripartidista de legisladores son apuntalar la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada –avalada en la Cámara de Diputados en abril de 2015, y en espera de su ratificación en el Senado- y establecer una ruta de trabajo para cumplir con los compromisos internacionales en el combate al hambre.
