Paga mercado certificación orgánica con sobreprecio

Representantes de empresas certificadoras de productos orgánicos coincidieron en señalar que este trámite puede concluirse, en promedio, en un plazo de dos a tres meses. Sin embargo, el proceso para obtener la certificación puede durar varios años. Esto es desde la transición de producción convencional a orgánica.

Primero el productor debe contactar a una agencia aprobada o acreditada ante las instancias que regulan un mercado determinado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la industria de alimentos orgánicos está regulada por el Departamento de Agricultura. A través del programa nacional orgánico, la gente acreditada hace una revisión de las prácticas de producción y sistemas que garantizan la integridad orgánica de esos productos.

El productor inicialmente debe conocer su mercado destino y recurrir a la gente que le permite llegar a este. Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera tienen regulaciones específicas. Cada uno de los productores debe llenar una solicitud describiendo las condiciones bajo las cuales producen, procesan o comercializan su producto.

Ernesto de la Rosa Santamaría, coordinador de operaciones de Oregon Tilth en México, menciona que esta empresa certifica fincas que producen hortalizas y granos básicos; plantas de proceso que hacen la transformación de las materias primarias y alimentos de origen silvestre; ganado orgánico, ganado mayor, ganado lechero, aves, huevo, miel; restaurantes y fibras textiles.

El trámite de certificación, dice, está relacionado con la calidad de la información que brinde cada una de las empresas. Si tienen un registro de insumos, de características de los campos de cultivos, puede ser un proceso más ágil de mes a mes y medio. Sin embargo, la media de las agencias es de entre dos meses y dos meses y medio, porque a veces hay dudas que deben aclarar las empresas que están certificando. Aunque puede lograrse en hasta 20 o 25 días.

Pero hay que diferenciar dos etapas. La primera, desde que se deja de ser convencional para ser orgánico, es decir la transición, y la otra desde cuando se realiza una inspección hasta cuando se consigue el certificado. “La tramitología, ya es diferente”, según explica Gerardo Dromundo Gutiérrez, gerente inspector de IMO Control (Instituto de Ecomercado)

Como la certificación depende de la norma con la que se está haciendo la evaluación y, a su vez esa norma depende del mercado con el cual se quiere comercializar. Hay países que tienen su propia norma y otros que no tienen como es el caso de México, aunque el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, anunció hace uno días que antes del 15 de diciembre estará lista.

En esas normas se contempla cual es el periodo de transición o de conversión que debe de existir en una producción o superficie agrícola o pecuaria, desde que hace su primer manejo orgánico hasta que puede ser considerado completamente orgánico. Esto quiere decir que hay un proceso de descontaminación de esa superficie y este varía.

Costos

Los costos de “la tramitología”, que no del proceso de conversión, oscilan en Oregon Thilt entre los mil 200 y mil 400 dólares, en varias etapas, en función de diversos factores como ventas estimadas. Inicialmente solicitan un pago de membresía de 400 dólares, después un pago por servicios de certificación, gastos administrativos y los que implica enviar un supervisor para que haga la evaluación del programa de certificación, quien está obligado a visitar cada uno de los campos, cada una de las zonas donde se está produciendo o manipulando un producto orgánico.

Esther Clauss, representante en la Zona Sur de CERES (Certification of Environmental Standards GmbH), comenta que en esta compañía los costos dependen del tamaño de la producción o procesamiento, y oscilan entre los siete mil y 25 mil pesos.

Por su parte, Taurino Reyes, director ejecutivo de Certimex (Certificadora mexicana de productos y procesos ecológicos S. C.), indica que aunque el proceso de certificación puede tardar entre mes y medio a dos meses, ese dictamen puede ser positivo o negativo dependiendo de las normas. Y los costos serán en relación con los productos, la ubicación, si es un productor individual o es un grupo. “Por ejemplo, 100 productores del Estado de México, tendría un costo de 15 a 20 mil pesos, dependiendo si se aplica una norma o dos normas, la del mercado europeo y del mercado de Estados Unidos.

Finalmente, Gerardo Dromundo estableció que en el caso de IMO, tardan entre mes y medio y dos meses para otorgar la certificación. Desde que termina la inspección hasta que se entrega el certificado en la mano. Aunque esto puede variar, si se detectaron faltas graves que impidan la emisión del certificado o que se retrase por falta de documentación de parte del operador.

Las tarifas de IMO están diferenciadas por país, por tipo de productor y, en México, también por la actividad realizada. Además de que la inspección implica un costo y la certificación otro. El proceso de inspección se cobra por día, pues hay que pagar honorarios al inspector. Para pequeños productores el día de inspección se cobra a 330 dólares, para un empresario agrícola es de a 350 dólares; para una empresa procesadora de café, 440 dólares, para un exportador la misma cantidad. Y para inspecciones de normas o certificados especiales se les puede cobrar desde 275 hasta 385 dólares.

IMO conforma el costo total sumando los días de inspección, que va depender del tamaño del operador. “No es lo mismo una organización de mil productores, que un productor solo al cual se le cobra solo un día de inspección, pero una organización de mil productores se puede llevar hasta 10 días”, señala Dromundo Gutiérrez.

El otro proceso es la expedición del certificado, que se cobra también dependiendo el mercado de destino, porque las autoridades de comercio solicitan una cuota. Para la Unión Europea a pequeños productores se les cobra 275 dólares hasta mil cien que sería para empresas exportadoras grandes, para Estados Unidos va desde 440 dólares para los pequeños o múltiples hasta mil 320 dólares para los muy grandes o empresas exportadoras que necesitan el documento como un instrumento comercial.

Y está también la norma de Japón que va de 460 dólares hasta mil 450, “con la diferencia que aquí se pueden avalar hasta dos operadores, es como el dos por uno”, concluye Dromundo.