Advierte que la ley Federal de Protección al Consumidor establece el derecho a la vida y la salud en el artículo primero; indica que cuando un bien o servicio se considera potencialmente peligroso para el consumidor o lesivo para el medio ambiente el proveedor está obligado a informar y en caso de no hacerlo tendrá que reparar los daños provocados al consumidor. Sin embargo esto no ocurre.
La agrupación indica que en la actualidad una de las principales amenazas a la salud tiene que ver con el cambio de los hábitos alimenticios y la proliferación del hábito de comer comida procesada con altos contenidos de azúcar, fructosa, grasas saturadas y sal, además de una cantidad inmensa de diversos aditivos.
“Las instituciones de salud reconocen que el perfil epidemiológico ha cambiado de manera radical y que ahora la mayor amenaza la representa la diabetes y otras enfermedades vinculadas al sobre peso, la obesidad y los cambios en los hábitos alimenticios”.
Destaca que ya algunas naciones han reconocido el riesgo de parte de estas sustancias y han decidido prohibirlas, mientras que en otras se siguen comercializando.
Considera que la exposición masiva a una mezcla desconocida de químicos es una de las razones principales de que el cáncer haya pasado de ser responsable del 3 por ciento de las muertes a principios del siglo XX al 20 por ciento a finales de ese siglo.
Refiere que en el mismo periodo se ha presentado un gran incremento de muertes por insuficiencia cardiaca y por padecimientos cerebrales. En este último caso, el Alzheimer y el Parkinson se han triplicado en varias naciones desarrolladas.
Sostiene que hay una larga lista de estudios que señalan como causa principal del deterioro del organismo humano, la exposición permanente y continua a una inmensa cantidad de sustancias químicas sintéticas. “La mayor parte de esta exposición suele darse por los alimentos sin que estemos bien informados”.
Destaca que el consumidor no recibe información adecuada sobre los peligros que implica el hábito en el consumo de estos productos llamados “alimentos chatarra”, no hay legislación que regule su venta, no hay campañas informativas y de educación, no hay presión sobre los fabricantes para que mejoren la calidad alimenticia de sus productos, no existe regulación sobre la publicidad, en especial, la dirigida a niños.
En México, las consecuencias en salud provocadas por los cambios en los hábitos alimenticios se han convertido en el mayor desafío para las políticas de salud pública. Concluye que la Ley Federal de Protección al Consumidor enuncia el derecho básico a la protección de la vida, la salud y la seguridad, sin establecer una regulación clara y sistemática de este derecho. “De esta manera, el derecho queda, en gran medida, en letra muerta”.
